Alta Comisionada de DDHH actualizó informe sobre situación en Venezuela

La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, presentó este miércoles una actualización de su informe sobre la situación que se vive en Venezuela, en la que solicitó la liberación inmediata de Juan Requesens; así como afirmó que continúan las ejecuciones extrajudiciales de las FAES.

Durante la rueda de prensa – citada por medios internacionales –, Bachelet señaló que, tras su último informe, presentado en septiembre pasado; se firmó una   “carta de Entendimiento junto con el Canciller del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que establece los términos de cooperación por un periodo renovable de un año. Esta carta formaliza la presencia de dos oficiales de derechos humanos en Venezuela, concediéndoles acceso a todo el territorio, incluyendo a centros de detención”.

Ante esto,  en los últimos meses, la Oficina de DDHH realizó nueve visitas a centros de detención, así como se logró entrevista a 70 personas que se encuentran privadas de libertad; no obstante; se solicitó al gobierno de Nicolás Maduro permitir a los representantes de la ONU acceder a los centros de detención de servicio de inteligencia civil y militar.

La Alta Comisionada de DDHH enfatizó que, además, se “ha documentado 118 casos de personas privadas de libertad (109 hombres y nueve mujeres), que requieren de una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación, y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”.

Sin embargo; celebró la excarcelación de 28 personas que estaban privadas de libertad por motivos políticos, proceso realizado entre septiembre y octubre.

“Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens”, recalcó la Alta Comisionada.

En su texto, cuestionó el juicio realizado a 17 personas por su presunta participación en el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro – registrado en octubre del año pasado en la Avenida Bolívar – debido a que en algunos casos se ha evidenciado violaciones a su derecho como privados de libertad.

“En las primeras sesiones solo se permitió el acceso de las partes y algunos familiares a la sala de la audiencia. Restricciones similares se presentaron en la primera audiencia de juicio en contra del que era director del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional, Roberto Marrero. Insto al Poder Judicial a garantizar el derecho a un juicio justo, incluyendo el derecho a la defensa y el principio de publicidad”, refiere el informe.

Por otra parte, aseveró que los derechos a la salud, educación, así como el acceso a los servicios públicos están siendo vulnerable, por lo que solicitó acciones urgentes para solventar el problema.

“Continúan las fallas de los servicios públicos. Uno de los estados especialmente afectados es Zulia. Mi Oficina realizó una visita a Maracaibo en la que constató las larguísimas colas para comprar combustible y los cortes prolongados y reiterados de electricidad, que además afectan el suministro de agua. Los derechos a la salud y a la educación también han sido afectados, principalmente por falta de personal, infraestructura deficiente y falta de insumos. Millares de zulianos/as han migrado al extranjero o a la capital del país”, refiere la Carta enviada a Maduro.

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